Acabamos de ver una de las luces de alerta más importantes en el último tiempo: 34 comuneros mapuche en huelga de hambre y más de cien personas, incluyendo escritores, políticos y sacerdotes; apoyando el movimiento guardando un estricto ayuno solidario.
Importante es destacar que hemos sido testigos del segundo movimiento Mapuche más grande del último tiempo. El primero: Ralco. En dicha oportunidad se enfrentaron dos cosmovisiones: la visión occidental de creer que la naturaleza está al servicio de las sociedades–y progreso económico– y las comunidades Mapuche Pehuenche del alto Bío Bío con una visión que ya todos conocemos.
Hoy tenemos una oportunidad única pues la contingencia nos hace replantear modelos de intervención y vinculación entre la empresa privada y la comunidad donde se emplazará la inversión. Desarrollar un programa de Responsabilidad Social Empresarial RSE es la herramienta más cercana que tenemos, sin embargo está pendiente un instrumento mucho mayor: la implementación definitiva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT; organismo dependiente de la ONU.
El artículo 10 de dicho convenio es claro: Cuando se impongan sanciones penales a miembros de pueblos indígenas deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Además, se dará preferencia a tipo de sanciones distintas al encarcelamiento.
Hoy es el Estado y Gobierno quienes tienen la responsabilidad de no negarse al debate, y si algunos sectores disienten de las obligaciones de la OIT, entonces la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al Convenio –artículo 34– deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de nuestro país.
